No habrá más Uber en España, al menos de momento. El juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha ordenado la cesación y prohibición en todo el territorio nacional de la aplicación que pone en contacto online a usuarios y conductores de la citada empresa, «dado que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal», según señala el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.
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La decisión del magistrado es consecuencia de la medida cautelar que solicitó la Asociación Madrileña del Taxi planteada de forma previa a la interposición de una futura demanda contra la empresa. En la resolución, el juez aclara que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino una «protección cautelar basada en la legalidad vigente».
El juez llega a esta conclusión porque la ley de competencia desleal determina que cuando se infringen normas que son exigidas para actuar en un mercado, la infracción es en sí misma una acción desleal. La medida cautelar adoptada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid se ha tomado sin escuchar a la empresa Uber por el daño que se está ocasionando a los titulares del servicio de taxi y porque Uber es una empresa domiciliada en el paraíso fiscal estadounidense de Delaware.
En la misma resolución se oficia a las empresas de telecomunicaciones y de pago electrónico para que prohíban todo tipo de transacciones y alojamiento a la empresa Uber. Se trata de la segunda ocasión en la que un tribunal ordena el cese de actividades, algo que ya sucedió en Alemania, si bien posteriormente otro tribunal revocó esta decisión.
No obstante, la empresa parece haber ignorado la decisión del juez y afirma que seguirá estando operativa en España, debido a que se trata de «una decisión inusual y cautelar», según una nota oficial. Afirma que el fallo judicial «es incompatible con el amplio reconocimiento político tanto en España como en la Unión Europea a los beneficios de compartir recursos y la economía colaborativa, especialmente en un momento de alto desempleo y de recuperación económica delicada».
Añade que «numerosos organismos de competencia de la Unión Europea han solicitado una desregulación total del sector del taxi, que actualmente actúa como una barrera para la incorporación de nuevas alternativas de movilidad tanto para los consumidores como para la economía».
