Las áreas de prestación conjunta para los taxis de Madrid y Barcelona marcan el camino para el taxi de Malaga. Al menos así lo entiende la Consejería de Fomento, que el martes próximo, en la víspera de Nochebuena, se reunirá con los integrantes del sector en la capital para frenar la huelga convocada el 24 y 31 de diciembre. Los modelos aplicados en las dos grandes ciudades españolas es el as que se guarda bajo la manga la Junta de Andalucía.
La propuesta que maneja la Consejería de Fomento busca coordinar la prestación del servicio del taxi de los municipios de toda la franja litoral occidental de la provincia, entre Malaga capital y Estepona, que agrupa a más del 80% de las licencias concedidas en Malaga y Estepona generan un volumen de trayectos muy similar. Este área de prestación conjunta permitiría ofrecer un régimen común de regulación para los cerca de 2.300 taxistas de los siete municipios incluidos, de los que 1.433 pertenecen a la capital.
El modelo de Madrid agrupa a las 45 localidades de la comunidad autónoma además del término municipal de la capital, ofreciendo un marco común de regulación. De hecho, establece el mismo sistema tarifario para todos los municipios, al igual que los suplementos, sólo con una diferencia en cuanto a las zonas tarifarias utilizadas, ya que hay dos.
El caso de Barcelona es similar, con una regulación sobre todos los aspectos del servicio de taxi. En el modelo de Valencia, por ejemplo, se especifica que las autorizaciones para trabajar dentro del área de prestación conjunta se conceden a título individual a los taxis, no por colectivos. Esta idea también es algo que se baraja para Malaga y su entorno, con autorizaciones especiales a cada taxista para beneficiarse de esta medida.
El desarrollo del área viene precedido por un amplio estudio del sector en la provincia, que pone de relieve que la capital acapara la mitad de las licencia de la provincia y los municipios de la Costa del Sol, el 33% restante. El 17% de las licencias que quedan se reparten entre Antequera, Ronda, Vélez y Nerja, mientras que el resto de municipios tiene un número muy bajo de taxistas en servicio.
El desarrollo del área de prestación conjunta iría de la mano del Decreto de Inmovilización, que saldrá publicado en pocos días y reforzará la lucha contra los taxis ilegales. Este decreto dará competencias a la Policía Local para inmovilizar los vehículos que realicen servicios de transporte sin tener licencia. Esta medida espera obtener mejores réditos que el actual sistema, que sólo permite multar al «taxi pirata», que sigue trabajando con normalidad.
Este decreto facultará a los agentes locales a exigir que el vehículo quede inmovilizado y sea retirado de la circulación si es detectado en labores de transporte sin contar con licencia. El objetivo es cortar de raíz la proliferación de extranjeros que realizan servicios de transporte en el aeropuerto con compatriotas que vienen de vacaciones y los contratan a través de internet.
La implantación de este área de prestación conjunta tendría un desarrollo de dos años, en los que la Consejería elaboraría la regulación común, además de llegar a los acuerdos con los municipios afectados. Hasta ese momento, la idea de la Administración autonómica sería establecer la reciprocidad modulada, que permita equiparar la prestación del servicio de taxi previo contrato en el aeropuerto, permitiendo esta posibilidad a la capital al igual que ya lo hacen los taxistas de los municipios vecinos.
