Uber, la compañía que pone en contacto de forma ‘online’ a usuarios y conductores para realizar viajes por carretera, ha anunciado que suspende temporalmente su actividad en España tras recibir la sentencia formal que le prohíbe dar servicio en el país.
«En el día de hoy hemos recibido la sentencia formal y, en cumplimiento con la orden del Juzgado de lo Mercantil y en respeto a la ley, hemos suspendido temporalmente uberPOP en España», señala su responsable en el país, Carles Lloret, en un post publicado en su web.
LOS TAXISTAS MADRILEÑOS CELEBRAN EL CIERRE DEL SERVICIO DE UBER EN ESPAÑA
Lloret explica que la compañía suspende su actividad mientras apela la sentencia y evalúa «nuevas opciones para dar a los españoles acceso a viajes seguros y cómodos».
El responsable de Uber en España ha indicado que durante el tiempo en el que la aplicación esté fuera de servicio la compañía colaborará para desarrollar el «nuevo y necesario marco regulatorio» que permita crear «un espacio justo para Uber y la economía colaborativa».
En este sentido, ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dejado claro que las restricciones de transporte actuales «son contrarias a la competencia y restringen la entrada de nuevos agentes en el mercado en perjuicio de los consumidores».
Además, ha añadido que la CNMC también ha puesto de manifiesto la necesidad de regular la economía colaborativa a favor de los consumidores. «Colaboraremos con el grupo de trabajo del Gobierno de España para desarrollar una regulación moderna para los nuevos servicios habilitados por la tecnología», ha agregado. SENTENCIA JUDICIAL
El pasado 9 de diciembre el Juzgado de lo Mercantil número 2 ordenó el cese y prohibición en todo el territorio nacional del denominado sistema Uber, con lo que estimaba las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi planteada de forma previa a la interposición de una futura demanda contra Uber.
El juez aceptó la medida al constatar que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal.
En la resolución, el juez aclaraba que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino «una protección cautelar basada en la legalidad vigente».
La semana pasada, el mismo juzgado instó a las operadoras de telecomunicaciones a cerrar «de forma inmediata» la página web de Uber en cumplimiento de la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre.