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El sector del taxi insta a la Fiscalía a que actúe contra Uber

Madrid, 12 dic (EFE).- Las organizaciones patronales de taxistas Fedetaxi, CTE y Unalt instaron hoy al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado para que actúen contra las plataformas de vehículo compartido como Uber.

Las tres patronales, además del sindicato CCOO, hicieron público hoy el manifiesto conjunto que firmaron sobre la repercusión de la aplicación de Uber en España y en defensa del servicio público del taxi.

El propósito de este manifiesto, según las organizaciones firmantes, es concienciar a las Administraciones y la población de los perjuicios del sistema usado por Uber, empresa que consideran competencia desleal e ilegal, a tenor de la reciente sentencia de un juzgado madrileño que suspendió cautelarmente este servicio.

El representante de Fedetaxi, Julio Moreno, ha reiterado que desde las organizaciones nacionales del taxi se ha instado al Ministerio de Justicia para que sea la propia Fiscalía del Estado “la que actúe en contra de estas aplicaciones”, que también “agreden y vulneran” los derechos de los consumidores y usuarios.

Moreno opina que hay “motivos suficientes” para que la Fiscalía actúe contra el sistema de Uber en España.

El representante de Fedetaxi ha apuntado, en cuanto a la acción de las Administraciones sobre Uber, que la reacción del Ministerio de Fomento ha sido “relativamente tibia”.

Asimismo, ha asegurado que están “aún esperando una respuesta” por parte de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y ha admitido “mayor sensibilidad” sobre este asunto en comunidades autónomas como la de Madrid.

El portavoz de Unalt, Santiago Fraile, ha denunciado que en Uber “hay ánimo de lucro”, y ha puntualizado que este servicio “no es de consumo colaborativo” y “puede destruir” puestos de trabajo.

El representante de CTE, Francisco Esteban, ha cifrado en 72.000 los autónomos en España que dependen del taxi, y más de 30.000 los que trabajan en este servicio por cuenta ajena.

Para Unalt, el servicio de Uber “es un atentado al Estado de derecho”.

Desde el sindicato CCOO, por medio de su portavoz Juan Luis García, se ha calificado a Uber como una “empresa de intermediación fraudulenta que no paga impuestos ni seguros”.

En el manifiesto firmado por las patronales del taxi se incluye una apelación a las instituciones europeas y autoridades nacionales y locales a “garantizar la igualdad de oportunidades para todos los proveedores de los servicios de movilidad”, en donde se incluirían las plataformas de pago de uso compartido.

 

 

 

 

 

 

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